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156.000 €
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    0044
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Duplex - Mataró (Cerdanyola nord)

206.300 €
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appartamento - Alella (Mar i Muntanya)

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    Vendita 280.000€  
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    Casa - Mataró (Cerdanyola) , superficie edificata 266m2, 98m2, 25m2, 4 Camere, 2 Bagni,...

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    Vendita 950.000€  
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    torre - El Masnou (Cerca Virgen del Pilar) , superficie edificata 527m2, 911m2, 70m2, 6...

    Vendita 480.000€  
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    Vendita 339.000€
    riservato
     
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    appartamento - Mataró (Centro) , superficie edificata 110m2, 3 Camere, 2 Bagni, 100 Distanza dal mare, ascensore.

    Vendita 950.000€  
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    villa - Mataró (Urb. can quirze) , superficie edificata 470m2, 1200m2, 150m2, 6 Camere, 5...


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    Vendita 499.500€  
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    Casa - Vilassar de Dalt (Sant sebastià) , superficie edificata 250m2, 655m2, 100m2, 5...

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    appartamento - Mataró (Rocafonda) , superficie edificata 70m2, 8m2, 3 Camere, 1 Bagni, Distanza dal...


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    2019-11-11
    La nueva ley hipotecaria empieza a aplicarse en los préstamos hipotecarios con plenos efectos desde este lunes 17 de junio. Bautizada como Ley de Crédito Inmobiliario 5/2019, esta normativa empezó a fraguarse en 2017, todavía con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, y bajo el mandato de Bruselas. En primavera de 2016 todos los países de la UE debían implementar en su ordenamiento jurídico unas directrices comunitarias en materia hipotecaria, pero la inestabilidad política fue retrasando su puesta en marcha. El pasado verano, los partidos políticos retomaron las negociaciones y en febrero pasó su último trámite parlamentario para publicarse en el BOE un mes más tarde. El texto definitivo va más allá de las peticiones europeas e incluye una batería de novedades que buscan dar más seguridad y transparencia tanto para bancos como para clientes, sobre todo después del embrollo judicial por las cláusulas abusivas. Repasamos cuáles son los cambios más destacados, cómo puede afectar la entrada en vigor a los nuevos préstamos y por qué en los últimos días la normativa está levantando tantas polémicas: Los cambios más destacados Uno de los más importantes es la obligación del cliente de acudir al notario con una antelación mínima de 10 días para analizar con él las condiciones de la documentación remitida por el banco y solventar posibles dudas. La entidad, por su parte, debe entregar una información muy exhaustiva a consumidor y notario a través de un medio telemático para su verificación. Además, la normativa limita las comisiones por amortización total o parcial (los nuevos límites se establecen según el tipo de hipoteca -fija o variable- y según el momento en el que se realice la cancelación (en los primeros años de vida del préstamo o en los últimos). Otro cambio importante es que se amplía el límite del deudor antes de que el banco pueda iniciar la ejecución de la hipoteca, también conocida como cláusula de vencimiento anticipado, (como mínimo hay que incumplir 12 mensualidades o el 3% del volumen del préstamo), mientras que quedan prohibidas cláusulas como las suelo. También se abarata el proceso de conversión de una hipoteca variable a una fija o una hipoteca multidivisa a una en euros, se limita el interés de demora, se prohíbe que la concesión esté sujeta a la contratación de otros productos como seguros y se reparten claramente los gastos de formalización de la hipoteca: el cliente solo pagará la tasación y las copias de la escritura que solicite. Sin olvidar que los bancos están obligados a analizar de forma pormenorizada la solvencia del cliente, así como proporcionarle una información detallada antes de la firma del préstamo y durante toda su vigencia.   El banco paga el AJD, incluso en las primeras viviendas El PP había introducido una enmienda para eliminar el AJD, el impuesto a las hipotecas, que por ley deben pagar los bancos. Su propuesta era situar en un tipo del 0% el AJD en las compras de primera vivienda, aunque ha sido tumbada en el Congreso. Por tanto, independientemente del inmueble residencial, el sector financiero deberá pagar entre un 0,5% y en 1,5% de la responsabilidad hipotecaria, dependiendo de la CCAA en la que se encuentre el inmueble. Baja la comisión por amortización anticipada Esta es una de las novedades que ha sufrido más cambios en los últimos meses. La normativa que diseñó Luis de Guindos establecía unos límites a las comisiones que cobran los bancos por la cancelación anticipada (ya sea parcial o total), aunque el consenso político los volvió a rebajar. En el caso de las hipotecas variables, el límite es del 0,25% durante los tres primeros años de vida del contrato y del 0,15% entre el tercer año y el quinto año, según el artículo 23. En el caso de las fijas, el Congreso ha tumbado la propuesta del Senado para establecer un límite del 4% durante los primeros 10 años y del 3% a partir de dicho momento, tal y como establecía el proyecto del anterior Gobierno. Por tanto, el texto definitivo incluye una comisión del 2% durante los primeros 10 años y un 1,5% a partir de dicho momento, como pactaron los partidos.  En el caso de la comisión por apertura la norma no establece una limitación concreta. Solo dice al respecto que "si se pacta, se devengará una sola vez y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros similares". Sin alternativas para los seguros Otra de las enmiendas que ha echado para atrás el Parlamento es la que proponía el Partido Popular y varios senadores del Grupo Mixto en el artículo 17.3, para “sustituir la obligación de que las pólizas de seguro sean de carácter anual renovable, por la obligación de que el prestamista ofrezca la posibilidad de contratar pólizas de carácter temporal, permitiendo al cliente optar entre los seguros de prima única o periódica”. No obstante, los bancos no estarán obligados a ofrecer al consumidor una alternativa. Unas tasaciones profesionales e independientes La enmienda del PP que sí ha respaldado la Cámara es la referente al artículo 13 de la ley, relacionada con la necesidad de seguir dotando a las tasaciones hipotecarias de una especial seguridad frente al resto de valoraciones. Para ello, se introduce la referencia al Real Decreto 775/1997 para determinar qué profesionales homologados pueden realizar dicha tasación. Y, según el texto, “la tasación se realizará por una sociedad de tasación, servicio de tasación de una entidad de crédito y/o un profesional homologado, independiente del prestamista o del intermediario de crédito inmobiliario, utilizando normas de tasación fiables y reconocidas internacionalmente”. Las hipotecas verdes, rechazadas A pesar de que el Senado había incluido en el texto la regulación de la figura del crédito verde, el Plano rechazó la propuesta. La medida iba destinada a fomentar y apoyar la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovable en los edificios, y que buscaba canalizar el capital privado para financiar proyectos de inversión en eficiencia energética, ahorro de agua, y uso y almacenamiento de energías renovables.   2. Otros puntos clave de la normativa ya previstos... A quién afecta esta ley La ley establece en su artículo 2 que, una vez que entre en vigor, será de aplicación a los contratos de nuevos préstamos concedidos por personas físicas o jurídicas que realicen dicha actividad de manera profesional, cuando el prestatario, el fiador o garante sea una persona física y dicho contrato tenga por objeto la compra de un inmueble de uso residencial (vivienda, trastero, garaje...) o bien, comprar o conservar los derechos de la propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, el fiador o garante sea un consumidor. Se entenderá que la actividad de concesión de préstamos hipotecarios se desarrolla con carácter profesional cuando el prestamista, sea persona física o jurídica, intervenga en el mercado de servicios financieros con carácter empresarial o profesional o, aun de forma ocasional, con una finalidad exclusivamente inversora. El cliente debe acudir al notario, que debe redactar un acta Otra de las claves de la normativa es que el cliente está obligado a acudir al notario antes de la firma del préstamo para que éste se cerciore de que el contenido se ajusta a la legalidad y el consumidor pueda resolver cualquier duda que pueda tener con el contrato que le ha entregado el banco (y que debe recibir al menos 10 días antes de la firma). En la visita, que es gratuita para el cliente, éste deberá firmar un documento para que quede constancia de que entiende todos los apartados. Según expone el artículo 15, “en presencia del notario, el prestatario responderá a un test que tendrá por objeto concretar la documentación entregada y la información suministrada”. La normativa no establece un plazo concreto para acudir al notario, aunque sí recalca que “el prestatario, o quien le represente a estos efectos, deberá comparecer ante el notario, para que este pueda extender el acta, como tarde el día anterior al de la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo. Si no quedara acreditado documentalmente el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones previstas, el notario expresará en el acta esta circunstancia. En este caso, no podrá autorizarse la escritura pública de préstamo”. Obstáculos para los embargos Como estaba previsto, la normativa da cierta protección a los hipotecados que, por el motivo que sea, no pueden afrontar de forma temporal el pago de la cuota mensual. Para evitar que haya un embargo, los partidos han pactado que una entidad pueda activar la llamada cláusula de vencimiento anticipado por impago del cliente cuando la mora supere las 12 mensualidades o el 3% del préstamo durante la primera mitad de vida de la hipoteca. Pasado dicho plazo, el límite es de 15 mensualidades o del 7% del importe del préstamo, tal y como detalla el artículo 24. De haberse cumplido estos plazos, la normativa establece un requisito más: que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo. Esta es una de las pocas novedades que va a tener efectos retroactivos: es decir, será válido para aquellos préstamos anteriores a la entrada en vigor que contengan la cláusula de vencimiento anticipado. Será el deudor el que decida acogerse a las nuevas directrices o a las que incluya su contrato. Se limita el interés por impago Otra de las limitaciones de la normativa se produce cuando el cliente se demora en el pago de la cuota hipotecaria. En este caso, el texto es muy claro: el interés a pagar no puede ser superior al interés remunetario (el que paga el cliente) más tres puntos porcentuales a lo largo del período en el que aquel resulte exigible". Además, aclara el documento, "el interés de demora sólo podrá devengarse sobre el principal vencido y pendiente de pago". Las cláusulas abusivas, nulas La ley también recoge entre sus páginas que "las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho". Así, las cláusulas abusivas quedan prohibidas por ley. Otra de las consideraciones que destaca el texto es que el interés remuneratorio que paga el cliente no podrá ser negativo, ya que sería un perjuicio para el banco (el prestamista tendría que pagar intereses al prestatario). El cliente solo paga la tasación y las copias que pida de las escrituras La normativa es clara al respecto. Tal y como han pactado las diferentes formaciones parlamentarias, “los gastos de tasación del inmueble corresponderán a prestatario y los de gestoría, al prestamista, quien también asumirá el coste de los aranceles notariales de la escritura de préstamo hipotecario y la inscripción de las garantías en el Registro de la Propiedad”. Los gastos de las copias, sin embargo, los asumirá quien las solicite. En el artículo 29 de la normativa, relativa al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), se deja claro que “se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa tributaria aplicable”. En este sentido, el texto detalla que “será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. Los productos vinculados y combinados, prohibidos Otro de los puntos más interesantes de la normativa es la prohibición para la banca de ‘colocar’ al cliente productos como el seguro de hogar o el de vida a cambio de concederle la hipoteca. En todo caso, la oferta debe suponer un beneficio para el consumidor (por ejemplo, que si contrata un seguro el banco le baja el diferencial).  Según establece el artículo 17 de la ley, sí están autorizadas las “prácticas de ventas vinculadas concretas cuando el prestamista pueda demostrar que los productos vinculados o las categorías de productos ofrecidos, en condiciones similares entre sí, que no se presenten por separado, acarrean un claro beneficio a los prestatarios, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado. A estos efectos, el Banco de España podrá establecer mediante Circular criterios para la aplicación homogénea de las prácticas relativas a las ventas vinculadas permitidas”. Convertir una hipoteca variable en fija, más barato La normativa también brinda favorece la subrogación y la novación de los préstamos cuando tengan por finalidad reconvertir del tipo de interés variable en uno fijo. "El objetivo es lograr que los prestatarios puedan conocer con exactitud el coste que en el medio y largo plazo les va a suponer la financiación que contratan, lo que les permitirá realizar una planificación y favorece la simplicidad en la redacción de los contratos y en consecuencia la transparencia con los prestatarios. En todo caso, la regulación trata de facilitar a las personas físicas el reembolso de sus préstamos y no generar escenarios adversos en los prestamistas respecto de la oferta de contratos de préstamo a tipo fijo, en los que el riesgo de tipo de interés es mayor", recalca el texto.  En el caso de que se produzca esta reconversión, la comisión límite es del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente durante los 3 primeros años de vigencia del contrato (el proyecto de De Guindos situaba el límite en el 0,25%). La penalización desaparecer a partir del cuarto año.  Las hipotecas multidivisa se pueden reconvertir Otra de las claves de la nueva ley es que, por primera vez, se incorpora al ordenamiento jurídico español el derecho del consumidor a convertir el préstamo denominado en moneda extranjera a la moneda en la que el prestatario reciba sus ingresos o la del Estado miembro en el que resida. Por regla general, se usará el euro.  En concreto, el texto establece que el tipo de cambio utilizado en la conversión será el tipo de cambio vigente en la fecha en que se solicite la conversión, salvo que contractualmente se establezca otra cosa. Además, el banco estará obligado a informar al cliente del saldo pendiente de pago y del derecho a reconvertir la divisa cuando el importe difiera en más de un 20% respecto al que pagaría con el euro.  El banco deberá analizar la solvencia del cliente Otra de las novedades de la normativa es que el sector financiero está obligado a analizar la solvencia del cliente antes de concederle la hipoteca. “El prestamista deberá consultar el historial crediticio del cliente acudiendo a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, así como a alguna de las entidades privadas de información crediticia en los términos y con los requisitos y garantías previstos legislación de protección de datos personales. En caso de que el prestamista conceda el préstamo, podrá comunicar los siguientes datos a las oficinas privadas de información crediticia: importe original, fecha de inicio, fecha de vencimiento, importes pendientes de pago, tipo de préstamo, garantías existentes y valor al que estas alcanzan, así como cualquier otro que establezca la persona titular del Ministerio de Economía y Empresa”, detalla el texto.
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    Responsable: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL De conformidad con lo establecido por el Real Decreto-Ley 5/2018, para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea, para la aplicación del Reglamento General-UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado el 27 de abril de 2016, y la LOPD 3/2018, de garantía de los derechos digitales, ALEJANDRO ARIEL DELUCHI MARCONI informa a los usuarios de sus websites de que estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, esta obligación continuara incluso después de haber finalizado nuestra relación comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los visitantes y clientes a la web sin su consentimiento. Los menores de 14 años no pueden prestar su consentimiento para que un comercio recoja y trate sus datos personales; solo sus representantes legales (padres o tutores) son quienes pueden hacerlo en su nombre. Aquellos comercios que necesiten tratar datos de menores de 14 años, deben disponer de los medios para obtener el consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico. No se puede pedir a los menores de 14 años datos sobre el ámbito familiar, siendo la única excepción los datos de identificación y contacto de los padres o tutores. Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de, ALEJANDRO ARIEL DELUCHI MARCONI con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, ALEJANDRO ARIEL DELUCHI MARCONI informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales, y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección: SANT AGUSTI 1, 1-2. Código Postal: 08303. Localidad: MATARO. Provincia: BARCELONA. Correo electrónico: info@llarsisomnismaresme.com, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes. El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mediante un check box obligatorio al pie del formulario. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este consentimiento lo aceptará o negará con un check box obligatorio al pie del formulario.

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